Superado el período electoral, la temática en materia económica  se debe centrar en dar contenido y objetivos  a la actividad del sector público, tratando de conservar una buena masa de maniobras en materia de reservas

El frustrado tratamiento parlamentario del Presupuesto de la Administración Nacional para el año en curso que la oposición, por entonces coaligada, no se avino a considerar priorizando lo que creyó beneficiaría sus expectativas electorales; dejó una estela de reconvenciones y resquemores. El Poder Ejecutivo apeló a la alternativa legal de extender la vigencia del anterior, introduciéndole las correcciones correspondientes; pero cabe advertir que esta opción no puede ser utilizada en dos períodos consecutivos; pues se prevé, en forma excepcional, solo en el caso de un ejercicio.
En consecuencia, el destinado a regir en 2012, sólo en sus lineamientos mas generales, fue enviado al filo de vencer el plazo -el 15 de septiembre ppdo.- para cumplir formalmente con la previsión legal. El resto de los detalles y planillas complementarias recién tomaron estado público la semana siguiente, al  retorno del titular de Economía de una reunión de colegas del “Grupo de los 20”. El día 28 de septiembre realizó la tradicional visita, pronunciando una lacónica exposición sobre su contenido. Desde ese momento en adelante, su análisis fue casi nulo, ya que las sesiones fueron muy escasas y todos estaban pendientes o absorbidos por las actividades propias de la inminente justa electoral.
En realidad, lo único que queda por develar es si será tratado y aprobado con la composición actual de ambas Cámaras, en las cuales el oficialismo no posee suficientes  votos propios para ello; o se esperará para hacerlo después del 11 de diciembre, cuando las bancadas oficialistas, con la nueva integración, pues podrán decidir sin inconvenientes esa convalidación no aceptando correcciones o cambios de ninguna especie. Por el momento, nadie ha mostrado premura y sin mayores aclaraciones, las comisiones que deben estudiarlo han avanzado muy poco; razón por la cual, no existen señales sobre el temperamento que se habrá de elegir. Obviamente, tal decisión queda exclusivamente en manos de los representantes del Gobierno.
Las principales objeciones.
En cuanto a las críticas, las más ríspidas se refirieron especialmente a las variables económicas condicionantes que sustentan los números de las respectivas partidas pero debe subrayarse que ellos no integran el texto del proyecto de ley y que, en todo caso, deberían señalarse las modificaciones que habría que introducir en aquellas; lo cual, ningún diputado o senador del arco opositor ha aventurado a hacer. Si bien no se objeta un eventual crecimiento el P.B.I., previsto en el 5.1%, por ser “opinable” impugnan que se haya trabajado con un tasa inflacionaria del 9.2% y un tipo de cambio promedio de $ 4.40. Es obvio que corregidos ambos lo más probable es que el gasto trepe, por lo menos, a $ 570 mil millones; extendiendo la crítica al monto que esperan recaudar y que calculan excedería aquella cifra en alrededor de $ 40.000 millones; sobre los cuales quedaría el P.E. en condiciones de decidir su afectación según su voluntad.
El Proyecto oficial que circula contempla que el total de erogaciones ascienda a $ 505.130 millones; es decir, con un muy moderado incremento del 18.8% sobre los $ 425.307 millones que consideran sumarán los gastos a fines de diciembre. Ese porcentaje, por lo exiguo, no es fácil de aceptar como realista en función de los antecedentes existentes. Las objeciones crecen al advertir que se elabora bajo la hipótesis de una parecida evolución para los recursos; a los cuales sitúan en $ 506.576 millones (+23.2%); importe total éste que junto con el de las salidas, constituirían una auténtica “novedad” pues no condicen con lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Se detecta la intención de actuar con prudencia al evaluar la cantidad de fondos que deberán cubrir la Administración Central pues la gestión de 2011 cuenta con $ 29.842 millones y para 2012 la han autolimitado a $ 32.857 millones, que implican un muy modesto aumento del 10.1%; mientras que en el caso de Defensa y Seguridad se hará lo propio pasando de $ 24.335 a 29.141 millones (+19.7%).
El rasgo mas saliente lo constituye el hecho que sigue como máxima y prioritaria finalidad la atención de la seguridad social. Para 2011 es de $ 175 mil millones, que equivale al 41.1% de total general y para el ejercicio próximo figura una proporción casi idéntica (41.8%). Según  lo expuesto en el Mensaje que acompaña al Proyecto, se supone que deberán incorporarse 74.862 nuevos jubilados y pensionados, con lo cual abarcará a un colectivo de 5.5 millones de beneficiarios; a lo que habrá que sumar 49.815 flamantes titulares de pensiones no contributivas que, de esta forma, llegarán 1.14 millones; con lo cual los diversas categorías y modalidades de pasivos ascenderían a cubrir a fines de 2012 al 16.8% de la población total.
Dentro de la misma naturaleza de erogaciones es decir relativas a otros servicios sociales, en este año  se sumarán adicionalmente $ 76.332; correspondiendo a Educación y Cultura el 42.6% de esta cifra. Llama la atención que a vivienda, provisión de agua potable y alcantarillado -una de las carencias mas sentidas por la población- la jurisdicción nacional sólo haya asignado en el corriente ejercicio $ 9.951 millones; criterio que no ha variado para 2012 pues estos tan sensibles rubros han sido incorporados con $ 12.690 millones, que implican un acrecimiento del 27.5%. Debe advertirse que son apenas 4.2% del conjunto de servicios sociales y, aún menos, el 2.5% de los gastos totales y por todo concepto. Cabe mencionar como un aspecto positivo, que piensan proseguir la dotación gratuita de notebooks; previendo para 2012 distribuir un millón de unidades que, incluyendo conexiones y demás detalles para ponerlas en funcionamiento, exigirán una erogación global de $ 3.223 millones.
En materia de Servicios Económicos, la mejora será muy poco importante pues de los $ 83.414 millones calculados para este año, se pasaría solo a $ 94.994 millones para el siguiente (un 13.9% más) pero su escasa significación surge al advertir que representan solo el 18.8% del general. Más aún, dentro de dicha categoría dos de sus componentes abarcan el 82.1%. En primer lugar se encuentra Energía, combustibles y Minería, que en el año 2011 dispuso de $ 36.330 millones y para el siguiente se ha atribuido $ 43.204 millones que equivalen un aumento del 18.9%. La otra finalidad prioritaria es Transporte que pasa de $ 32.521 a $ 34.795 (+7.0%). En atención que en ambos casos lo esencial está referido a subsidios, pareciera que están pensando en una modificación al respecto; en especial para este último rubro y que en cierta proporción serán los consumidores los que deberán afrontar las alzas que el mercado imponga a cada uno de ellos. Bajo todos esos rubros, los subsidios a empresas privadas ascendieron a $ 34.895.3 millones y otorgados directamente a familias por $ 31.387.7 millones; lo cual da una idea cabal de la magnitud y trascendencia que pueden llegar a tener sobre la formación de los precios y la capacidad adquisitiva  de los salarios cualquier cambio de cierta magnitud en estos aspectos.
Un tema que se ha venido complicando en los últimos meses es el relativo a la cobertura de los compromisos relativos a la Deuda Pública que vencen el próximo año. Las partidas con ese destino se elevan a $ 45.109 contra $ 36.382 millones del en curso; es decir, con un incremento del 24.0%. En los dos ejercicios precedentes se atendió sin dificultades las amortizaciones de capital con fondos provenientes de las reservas del Banco Central; lo cual en esta circunstancia, se ha previsto reiterar dicho procedimiento a cuyo efecto anuncian que extraerán u$s 5.674 millones.
El fuerte drenaje de reservas.
La intención antes referida se ha vuelto en muy poco  tiempo de problemático cumplimiento. Al principio se adjudicó la sostenida demanda de divisas a las expectativas propias de un período preelectoral; pero hasta ahora no se calmado demasiado. Conviene tener en cuenta que el saldo disponible de u$s 52.0 mil millones registradas a fines de mayo, pasaron a ser u$s 49.9 millones al término de septiembre y u$s 47.5 millones en oportunidad de cerrarse el pasado mes de octubre Ello significa que en el breve lapso de cinco meses, el Banco Central redujo sus tenencias en u$s 4.5 miles de millones.
Semejante merma modifica el escenario. Según una norma que data de los tiempos de la Convertibilidad, que no ha sido derogada, las denominadas “reservas de libre disponibilidad” -previa deducción de las que cubren la “base monetaria- en mayo ascendían a unos u$s 10.000 millones ya se habrían reducido a no más de u$s 2 mil millones.
Ello explica la causa de los operativos que han comenzado a hacer en bancos y casas de cambio; combinándolos con múltiples actuaciones de control tributario por parte de la A.F.I.P. Además, se dispuso, con bastante retardo, el cese para una serie de privilegios de que gozaban los exportadores de combustibles, algunas actividades mineras y las compañías de seguro para mantener altas proporciones de sus ingresos y/o reservas fuera del país y que venían gozando desde 2002 en adelante.
La salida de capitales ha sido creciente y sin restricciones; lo cual constituye una verdadera ingenuidad en que ninguna conducción económica debe caer. No solo eso, además de tales remesas de fondos líquidos provenientes del comercio exterior, o por vía de retorno de utilidades, hasta la ANSES ha vendido bonos expresados en dólares de su propia cartera que devengan un 9.0% de interés. En resumen, de esta forma “volaron” del país no menos de u$s 16.000 millones y a través de compras “hormiga” en ventanilla otros u$s 2.000 millones, para satisfacer a ahorristas que operan como minoristas.
Seguramente la autoridad monetaria ha interpretado que solo era una alternativa transitoria de estar más seguros durante el período preelectoral pero ahora circulan rumores sin ningún fundamento serio que sólo pueden tener por objeto buscar que se extienda la vigencia del antes referido estado de inquietud. La economía argentina presenta buenas perspectivas -obviamente mejores que la mayoría y, en especial dentro del Continente-lo cual se manifiesta a través de un mercado interno que sigue activo y en alza.
Al par de los referidos aspectos, el nivel de exportaciones a que se llegará hasta fines de año va camino de superar los u$s 80.000 mil millones, con un saldo positivo que rondará los u$s 10.000 millones. En consecuencia, las versiones antojadizas y demás expresiones de duda corresponden a objetivos nada claros que debieran ser enfrentadas con firme decisión para desenmascara sus autores o promotores y erradicarlos luego de ponerlos en evidencia...

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE-UNC
Viernes 11 de noviembre de 2011. Comercio y Justicia