La recaudación tributaria al cumplirse medio año Imprimir
Comercio y Justicia
Escrito por Salvador Treber   
Viernes 12 de Julio de 2013 00:00

Una vez más, los sucesivos registros mensuales han venido superándose a un ritmo muy semejante e implican nuevos escalones en cuanto a los instrumentos más importantes. Pero despiertan sospechas los que se rezagan injustificadamente.

Los ingresos tributarios correspondientes al mes de junio ppdo., ascendieron a $ 74.695.8 millones; o sea un 27.3% por encima de idéntico período de 2012. En cuanto al total acumulado de los seis primeros meses del corriente año ha llegado a $ 406.929,7 millones; importe que en el cotejo interanual, supera a del 2012 en un 28.1%. El mencionado ritmo de incremento pone de manifiesto que, por lo menos en este aspecto, hay una notoria continuidad en la suba, que trasunta algo semejante respecto de la actividad económica.

Según datos emanados del Indec, en el tiempo transcurrido el PBI habría crecido el PBI en un 4.1% e incluso 7.0% en el recientemente pasado mes de abril. Del total general antes consignado de $ 105.756.0 millones fueron transferidos a las provincias; importe que es 33.6% mayor que el girado en el ejercicio anterior. Dado que una cifra muy similar, es decir $ 105.282.7 millones (32.9%) tienen afectación al financiamiento de la Seguridad Social, la Administración Nacional percibió $ 181.953.0 millones; sólo 22.4% por encima de 2012.

Debe recordarse además que en el año el aumento del Producto Bruto Interno fue del 8.9%, pero que en el inmediato siguiente hubo una muy sensible caída ya que sólo llegó al 1.9%. Los analistas argüían respecto de esa evolución, que los muy parecidos ratios de suba en la recaudación se debían al llamado “efecto arrastre”; por la influencia de los ingresos correspondientes a lapsos precedentes. Es correcta la observación sobre la falta de oportuna actualización de escalas en ciertos tributos, debido a que por las normas vigentes no receptan ajustes en la misma medida para que, en forma automática, extendieran sus efectos a tramos antes exentos o nuevos contribuyentes. Debe, además, insistirse en la necesidad de encarar una reforma integral; lo cual, por razones no explicitadas el Gobierno viene postergando.

Si bien lo referido puede ser parcialmente cierto en cuanto al nivel recaudatorio a que ha llegado el Impuesto a las Ganancias, resulta poco lógico que se pueda adjudicar ello para el caso de los demás instrumentos, salvo el Impuesto sobre Bienes Personales; pero éste tiene una participación muy escasa en el conjunto y, por tanto, su gravitación es virtualmente nula. En consecuencia, mucho más razonable es explicarse el alza ocurrida desdoblando sus causales a través de los principales factores que se aúnan habitualmente para concretarlo.

El primero de ellos está referido al proceso inflacionario que en el lapso respectivo tuvo un aumento relativo del 22.1%; razón por la cual aparece como el que aporta fundamentos en esa misma medida. A ello debe sumarse alrededor de un 4.0% derivado de un aumento real en la actividad económica y el 1.3% restante a mejoras alcanzadas por una más eficaz accionar en el adecuado contralor del cumplimiento por parte de los contribuyentes y responsables.

Las cifras precedentes permiten suponer que al cabo de todo el ejercicio se pueda llegar a obtener un monto recaudado por encima de los $ 850.000 millones; lo cual, de administrarse con prudencia el gasto, debiera garantizar una ejecución presupuestaria sin mayores sobresaltos. La incógnita al respecto deviene de ser el presente un año de los que se denominan “electoral” y que ello puede despertar impulsos poco racionales al respecto.

Evaluación desagregada por tributo.

Al igual que en mayo, en junio volvió a ocupar el primer lugar por rendimiento el Impuesto a las Ganancias, que aportó $ 21.914.0 millones (+36.7%) y, además, superando en un 3.8% al record que se había logrado en el mes inmediato anterior de mayo; que tradicionalmente marca el tope máximo del año. En consecuencia, el circunstancial desplazamiento del dicho mes es, de por sí, un hecho digno de ser destacado y muy poco frecuente. En cuanto al acumulado semestral de $ 91.012.0 millones, excede en un 41.1% al de 2012.

El segundo lugar ha correspondido al Impuesto al Valor Agregado con $ 19.730.0 millones que en la comparación interanual resultó 28.2% superior y sigue manteniendo la supremacía absoluta si se toma en cuenta el sumatorio de los referidos seis meses que ha sido de $ 114.282.9 millones; lo cual es un 30.3% superior a lo alcanzado un año antes. De este total, lo ingresado por gestión de la DGI (actividades del mercado interno) ascendió a $ 78.627.7 millones (+23.6%); mientras que a través de la Dirección de Aduanas se percibieron 37.300.2 millones; acusando un incremento mucho mayor, pues llegó al 48.5%.

En el tercer puesto se han escalonado los tributos que específicamente financian las pasividades y otras obligaciones del mismo carácter que están compuestas por las Contribuciones Patronales con $ 10.371.4 millones y los Aportes Personales que sumaron otros $ 7.1159.2 millones; rubros éstos que han tenido un desempeño muy semejante pues crecieron un 32.8% y 33.1%, respectivamente. En el cómputo relativo al semestre debe advertirse que han logrado concretar un importe total mayor que el Impuesto a las Ganancias dado que por el primer concepto ingresaron $ 10.371.4 y por el segundo $ 7.159.2 millones.

Con cifras bastante inferiores, en cuarto término se colocan los tributos que gravan el comercio exterior y en junio aparecen con $ 5.816.8 millones; correspondiendo a Derechos de Exportación $ 4.123.0 millones que resulta un 0.9% inferior en el cotejo interanual. Por el contrario, pese a ser mucho menores, los Derechos de Importación, más algunos conceptos de menor cuantía que sólo llegan a $ 1.418.2 millones, surgen como consecuencia de haber subido un 33.3%. A su vez para el lapso enero-junio, en el orden expuesto, han llegado a $ 28.114.7 millones (-10.5%) y 19.610.7 millones (56.5%).

A continuación, en quinto término, está el Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente con $ 4.492.4 millones en el sexto mes de este año, lo que representa una modesta mejora del 19.7%; acumulando $ 25.522.1 millones en el semestre y con un índice 25.0% mayor que el rendimiento en idéntico lapso de 2012. Este tributo presenta un par de aspectos que lo distinguen con carácter negativos de todos los demás. El primero se refiere a su escaso avance interanual que no condice con el cuadro general y sólo podría explicarse por una actitud evasiva de sus contribuyentes y obligados. La segunda faceta remarcable está dirigida a la falta de coherencia entre ese aumento y el que surge de acumular los seis meses transcurridos. ¿Qué pudo haber pasado para que aparezca un tan pronunciado nivel de disonancia, cuando lo habitual es que evolucionen exhibiendo índices semejantes?. Dado que esto no es una novedad, debe enfatizarse en encontrar causas e introducir soluciones; que sólo pueden surgir mediando una intervención en profundidad del órgano oficial de contralor. Como eso tarda demasiado en encararse, mes a mes, se marcan con mayor énfasis las consecuencias de la inacción que, a su vez, envalentona cada vez más a los contribuyentes potenciales remisos.

La serie de tributos menores completan con $ 5.211.6 millones los $ 74.695.8 millones que se lograron captar en junio y cubren los $ 30.458.0 millones complementarios en el curso del semestre; o sea, 6.98% y 7.48% de los respectivos totales. En general se puede aceptar que lo acontecido, salvo los dos aspectos antes señalados como anómalos, incluye también la evaluación de la alta tasa de evasión. Debe tenerse en cuenta que la recaudación del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas pues surge de los estudios e investigaciones hechos sobre ese aspecto que significan nada menos que un 49.5%.

Ensayo de proyección anual

La experiencia indica que los primeros cuatro meses de cada año los resultados son notoriamente inferiores a los demás. En el actual, aunque por leve margen, mayo aparece reteniendo el registro mas alto; pero junio se ubica muy cerca de tope pues se percibieron $ 254.479.2 millones en el cuatrimestre, que corresponden a una media de $ 63.620.0; mientras que en el bimestre mayo/junio se eleva a $ 76.225.3 millones.

En base a tales datos y lo sucedido en los cinco años anteriores, a los $ 406.929.7 millones se pueden sumar $ 450.000.0 millones por la segunda mitad del año; con lo cual, como mínimo, puede preverse llegar a alrededor de 860.000 millones y que de ese importe total, el conjunto de provincias contarían con una cifra record de $ 223.600 millones. Por lo tanto Córdoba, que recibe el 8.1% de tal importe, dispondrá de ingresos provenientes de la Nación por no menos de 18.112 millones.

Para poder cumplir íntegramente con el cálculo presupuestario la Provincia deberá recaudar en su jurisdicción no menos de $ 13.600 millones; cifra que parece ser muy difícil de alcanzar pues implicaría atender con autofinanciamiento el 42.8% de las erogaciones totales; siendo antes el nivel máximo 39.6%, verificado en 2012. Si se reitera la mencionada performance habría que introducir  “economías” por no menos de $1.000 millones que, tal como ha venido siendo habitual en los últimos años, restringiría una vez más las escuálidas inversiones previstas; llevando al sector a una descapitalización generalizada.

Tampoco puede olvidarse que, en promedio, el empleo estatal -según datos oficiales relativos al fin del tercer trimestre de 2012- equivalía al 23.3% del total de asalariados que existen en el país. Si bien Córdoba presentó una realidad bastante más favorable pues revistaba el 16.8%; cabe advertir que en todas las jurisdicciones se ha convertido en un segmento rígido y de tendencia siempre ascendente. Esto se percibe muy nítidamente porque la cantidad de personal en el área privada quedó estancada y se resiste a absorber a los que pretenden obtener una ocupación estable por primera vez.

Hasta el fin del primer trimestre llegaron a 3.3 millones; de los cuales a la Nación le corresponden 491.121 agentes, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires hacen lo propio 139.244; en la vecina provincia de Santa Fé han llegado a 146.236 y en la nuestra a sólo 117.290. Pese a aparecer como implementando una política muy prudente en este aspecto, no se puede olvidar que requieren afectar el 61.4% del gasto público jurisdiccional y esa elevada proporción resta posibilidades para poder diseñar e implementar un programa de recapitalización que permita  renovar la muy jaqueada capacidad de la infraestructura productiva-local.

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE-UNC

Viernes 5 de julio de 2013. Comercio y Justicia