Después de transcurridos más de siete años de relaciones virtualmente suspendidas, el F.M.I. accedió a actuar como asesor para la elaboración de un nuevo índice de precios nacional que sustituya al tan cuestionado de precios minoristas con fuente informativa recogida solo en el Gran Buenos Aires.

Al momento de cancelar nuestro país la deuda pendiente en un solo pago con el mencionado organismo internacional (u$s 9.580 millones), a principios del año 2006, el objetivo principal era poner distancia y evitar las inspecciones anuales del mismo. En realidad, las mismas son “de rutina” y alcanzan a todos los componentes; pero en nuestro país se hizo una interpretación restrictiva de esa facultad que permitió mantener a dichos técnicos alejados hasta ahora del examen de nuestras cuentas.

El organismo internacional, creado en 1944 junto con el Banco Mundial, se constituyó, con la participación de delegados de los que se ungieron como “países vencedores” al término de la Segunda Guerra Mundial y con exclusión expresa de Argentina, especializándose en temas de corto plazo que incluyen la asistencia técnica correlativa que, en los hechos, suele imponer sus puntos de vista. Nuestro país se incorporó recién en 1956 y nunca hubo vínculos muy amigables pese a que se implementaron varias Cartas de Intención emanadas de esa fuente a partir de diciembre de 1958. Sus efectos son siempre recesivos y por tal causa nuestras autoridades optaron hace más de ocho años por cancelar todos los compromisos de tipo económico-financiero que entonces existían.

La solicitud reciente data de algún tiempo atrás, más precisamente desde abril de 2012, cuando se requirió asesoramiento técnico para encarar instrumentos estadísticos que fueran idóneos para traducir numéricamente lo que está sucediendo en esa materia en todo el territorio nacional. Las distorsiones se iniciaron a partir de 2007, al optarse por una metodología en ese aspecto que subvalúa sensiblemente la real evolución de los precios. En su momento se lo hizo con el objeto de reducir el ajuste de los compromisos derivados de la deuda externa pactados (se ahorraron alrededor de u$s 30.000 millones) pero, superado ese período no se ha sabido salir de tal encrucijada y la falta de representatividad de la realidad se ensanchó casi abismalmente.

El reencauzamiento no es tan sencillo pues resultaría harto peligroso reconocer oficialmente tal situación. Los acreedores que se sienten haber sido perjudicados podrían reclamar un resarcimiento por la diferencia resultante y esta podría trepar a  cifras inconmensurables. En consecuencia, se ha buscado una vía paralela para sustituir el imperfecto que existe actualmente. La idea básica consiste en elaborar otro alternativo que recepte datos de todo el país y no sólo del Gran Buenos Aires -como el que se viene usando- obviando así que se hagan comparaciones y surjan objeciones.

El pedido formulado buscó lograr el mayor respaldo posible para que el nuevo índice sustitutivo tuviera desde el inicio un alto grado de respetabilidad generalizada e inhibiera de ensayar críticas semejantes a las que vienen condenando el uso del que se pretende discontinuar. El F.M.I., sin hacer ningún tipo de reservas ni poner condiciones, acepto coadyuvar  en ese objetivo y se convirtió de hecho en  agente de contralor que ha fijado plazos para cumplimentar las diversas etapas hasta su puesta en marcha.

Los resultados de lo actuado.

La solicitud de asesoramiento elevada a la cúpula del F.M.I. pretendía lograr una unánime aceptación en el ámbito internacional; pero también sirvió para “romper el hielo” que existía en las relaciones institucionales. Desde entonces, el intercambio técnico se hizo fluido y hasta el 9 de diciembre ppdo. estuvo circunscripto exclusivamente al tema antes mencionado. Por otra parte y siguiendo su tradición, estableció unilateralmente el plazo para terminar la tarea fijándola en septiembre de 2013; sin que trascendieran en ese transcurso suficientes detalles sobre los avances alcanzados.

Se supo que el trabajo dividió al país en seis subregiones y que resolvieron para cada una de ellas concebir indicadores parciales que serán promediados para llegar a uno único y de vigencia a nivel nacional. Hubo un acuerdo básico y posteriormente se concertó la primera prórroga hasta el 9 de diciembre ppdo. La revisión en el más alto estrato del F.M.I. generó una serie de observaciones que, luego de satisfechas, permitieron aplicarlo desde comienzos de 2014. Además, como complemento se dispuso proceder a recalcular el Producto Bruto Interno en un plazo perentorio.

En esa oportunidad, advirtió que habían concedido un plazo improrrogable de 45 días para que todo lo pendiente sea cumplimentado y en condiciones que el Directorio del F.M.I. lo analice para autorizar el comienzo de su aplicación. El comunicado emitido dejó constancia que han requerido “acciones específicas para hacer frente a la calidad de sus datos oficiales del IPC y el PIB de acuerdo al calendario establecido.” Por el momento no retiran la dura amonestación aplicada en febrero de 2012, fundada en el uso de índices que consideran no representativos de la realidad.

Un agregado imprevisto.

Dejaron bien expuesto que hasta que sean eficazmente sustituidos y puestos en vigencia, no están dispuestos a convalidar nada. Pero a ello han sumado una “última novedad” que consiste en la extensión de criterios correctivos, aplicándola a todos los aspectos en materia de cuentas nacionales; lo cual no había sido siquiera mencionado hasta la revisión del 9 de diciembre ppdo. También sin aportar mayores aclaraciones, surge de hecho y luego de conformado integralmente el pedido, que el F.M.I. avanzó unilateralmente y nos someterá al tipo de controles periódicos que la conducción de nuestro país había venido rechazando sistemáticamente.

Por lo tanto, lo actuado no es simplemente una colaboración o un mero apoyo técnico específico y circunstancial sino una vía para formalizar el reinicio de las relaciones ordinarias plenas con el F.M.I.

Con vistas a confeccionar el que denominaron Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU); el gobierno argentino se preocupó especialmente por asegurar que para períodos anteriores “...no se va a recalcular ni la inflación ni el crecimiento”.

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE UNC

Viernes 07 de marzo de 2014. La Voz del Interior.