Divagaciones y certezas alrededor de la Deuda Externa PDF Imprimir Correo electrónico
La voz del interior
Escrito por Salvador Treber   
Viernes 22 de Noviembre de 2013 00:00

Son muchos los que se sienten en condiciones de opinar sobre temas cruciales de la Economía, y uno de los capítulos específicos que sufre más incursiones de ese tipo se refiere a la deuda externa.

Resulta muy poco frecuente que un neófito se anime a opinar sobre temas tan complejos como los vinculados al campo de la astronomía, la arqueología o las más afecciones del cerebro. En cambio, sin ninguna formación técnico-profesional, son muchos los que se sienten en condiciones de opinar sobre temas cruciales de la Economía. Por supuesto, como no podría ser de otra manera, lo hacen incurriendo en gruesos y descalificantes errores que tienen origen en su falta de adecuada especialización. A todo ello, agregan un tono rotundo que sería propio de quién tuviera la “verdad absoluta” pero ignoran que en el campo de las ciencias sociales, esta no existe.

Uno de los capítulos específicos que sufre más incursiones de ese tipo se refiere a la deuda externa y, muy especialmente, la de nuestro país. La primer tarea es la de distinguir entre la que contrae el sector privado frente a la del área pública. El inicio de está última data del año 1824, cuando se contrató el primer empréstito por un millón de libras esterlinas con la Baring Brothers que tenía como objetivo acceder a los recursos indispensables para ayudar a España que pasaba por un trance muy difícil y conseguir así el reconocimiento expreso de nuestra independencia. Esta operación sólo allegó un importe neto, equivalente al 58.4% del total pues la banca acreedora restó anticipadamente cuatro servicios y una serie de rubros adicionales. La cancelación se logró 80 años después.

Las operaciones posteriores hasta 1945.

La Guerra con el Paraguay (1868) y el comienzo del trazado ferroviario junto con otras obras básicas de infraestructura, obligaron a acudir en forma especial a ese instrumento. A ello se sumó la suba progresiva del gasto público corriente, haciendo trepar el déficit en dicho año al equivalente a un 20.9% del gasto total y para 1880 esa brecha se ya se había ampliado al 33.3%. La acumulación sucesiva de tales desequilibrios desembocó en la gestión de una serie de préstamos especiales con ese fin, cuya negociación se extendió hasta 1893.

En coincidencia con  la Gran Crisis de los Años Treinta (1929-1934) y la pronunciada reducción de los  impuestos que recaían en el comercio exterior, se debió acudir otra vez a una transacción obligada de esa índole. En cuanto a operaciones de naturaleza voluntaria, la primera de gran magnitud (1946) consistió en una conversión de  todo lo en circulación, que logró una aceptación del 92.0% entre los tenedores e implicó una disminución de tasas y mayores de plazos.

Con posterioridad, la aceleración del proceso inflacionario restó posibilidades de colocar títulos públicos; razón por la cual, la principal operatoria de esta índole fue la emisión de Obligaciones de Previsión Social que para 1960 constituían el 93.0% de valores emitidos. La fuente fueron estos organismos que, por  tener al principio pocos pasivos para atender, gozaban de una amplia disponibilidad. En cuanto a la preexistente contratada en moneda extranjera, en 1935 cubría el 37.2% de los valores en circulación, pero en 1943 se resolvió su repatriación total; quedando pendiente hasta 1953 sólo un empréstito que fue pactado en 1933 por 20 años como secuela del Pacto Roca-Runciman.

Intensificación del uso del crédito desde 1960 en adelante..

Dado que en el período 1961/72 se generalizó el poco recomendable uso del crédito con el objeto de atender los desequilibrios anuales de Tesorería; se acumuló deudas en títulos que llegó a u$s 7.840 millones. Durante esos años y a partir de comienzos de diciembre de 1983, en que rigió la administración militar, ese importe se multiplicó casi seis veces; ascendiendo al momento de asumir el presidente Alfonsín a u$s  45.170 millones. El posterior mantenimiento ficticio de la denominada “convertibilidad”, en la última década del siglo XX, elevó dicha cifra a u$s 108.700 millones. Al declararse un nuevo “default”, las posteriores reconversiones negociadas con un una serie de bancos extranjeros hizo escalar súbitamente ese importe al inusitado nivel  de u$s 148.890 millones para fines  de 2002.

La última reestructuración.

Se concretó en 2005 y consistió en un canje generalizado que sólo excluyó la deuda por operaciones contraídas con los organismos internacionales de crédito (F.M.I., Banco Mundial y BID), los cuales mantuvieron sus condiciones originales. El 92.4% de las tenencias entraron en el mismo y significaron una quita equivalente al 67.8%, ampliación de los plazos hasta el año 2038 y por lo tanto, baja el pasivo preexistente en casi u$s 80 mil millones. Debe tenerse muy en cuenta que a mediados de 2002 el producto bruto interno era de u$s 208.2 miles de millones; mientras la deuda externa pública y privada sumadas superaban esa cifra.

Una decisión trascendente fue el pago de lo adeudado al F.M.I., para evitar así la continua ingerencia que pretendía ejercer, que ascendía a u$s 9.840 millones usando para ello reservas del Banco Central. Quedaron sin solución hasta ahora, el 7.6% que no entró en el canje; dentro del cual están incluidos los llamados “holdouts” o fondos buitres”. Los juicios sometidos al Ciadi (Banco Mundial) y la deuda unificada con los integrantes del llamado Club de París sólo por capital, implican u$s 6.500 millones.

En cuanto a la economía argentina, según datos del Banco Mundial, su PBI se elevaría hasta fines de 2013 a u$s 405.3 miles de millones. La deuda pública pendiente con plazos y demás condiciones convenidas, sin incorporar los dos rubros precitados, llega a u$s 128.6 millones pues el sector privado acumula otros u$s 62.9 mil millones que no corresponde computar como lo hacen, quizá sin saberlo, una serie de falsos “sabelotodos”.

Cabe agregar que el primer importe consignado equivale a 31.7% del PBI pero sólo u$s 34.045 miles de millones (8.4% del mismo) pues el resto está contratado en moneda nacional y el 58.6% figura en el activo de organismos autárquicos del propio Gobierno Nacional; lo cual alivia y simplifica notoriamente la situación financiera global del Estado Nacional.

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE UNC

Viernes 22 de noviembre de 2013. La Voz del Interior.

 
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