Ocupación y desocupación en argentina PDF Imprimir Correo electrónico
Comercio y Justicia
Escrito por Salvador Treber   
Viernes 13 de Septiembre de 2013 00:00

En un escenario mundial caracterizado por la caída de la actividad económica, el consiguiente deterioro en el nivel de ocupación favorece abusos en las condiciones laborales y una extensión de la relación conocida como “en negro”. Una de las variantes más sensibles y sujeta a reiteradas oscilaciones en el ámbito del circuito productivo es el referido al nivel y las diversas modalidades que adoptan las relaciones laborales. Resulta obvio que la balanza se desnivela en los períodos de baja generalizada pues induce a que los empresarios impongan las que más los benefician y se mantengan a la expectativa. El ejemplo más dramático lo ofrece la Unión Europea, con 27.2 millones de desocupados, por ello quiénes  tienen un puesto estable se consideran “privilegiados”, y en el caso de España, uno de sus mas comprometidos integrantes, llegan a 6.2 millones.

En nuestro país, a fines de marzo ppdo. la población económicamente activa era de 17.356.3 miles de personas y de dicho total 1.375.5 miles (7.9%) padecían esa situación. Cabe advertir que sólo tres meses antes estos eran 155.3 mil menos que volvieron a ser absorbidos en el segundo trimestre. Incluso se ha adelantado que muy probablemente en el tercero haya una nueva caída por ser habitualmente el período mas favorable del año y los buenos índices de julio parecen ratificar tal perspectiva.

La composición del mercado laboral.

Del total de la ocupación cabe distinguir que 23.4% son los denominados “cuentapropistas”, una parte reales y otros personal en relación de dependencia encubierto a los que se obliga que adopten falsamente semejante condición; mientras los genuinos asalariados representan un 57.8%. Dentro de este colectivo es indispensable distinguir los que revistan en el área privada y están perfectamente legalizados (“en blanco”) con el 31.5%; es decir, el 54.5% de aquella proporción. El 26.3% complementario está constituido por los que la patronal no cumple debidamente tales requisitos (“en negro”). Completan el total general de la ocupación los que desempeñan esa función en el sector estatal y pertenecen a cualquiera de las tres jurisdicciones.

Resulta obvio que además de las variaciones estacionales que gravitan sobre nivel de gestión, también lo hacen otros aspectos vinculados a la tendencia global de la actividad que exceden a la coyuntura más inmediata e incide en la curva de la demanda del factor trabajo, reflejando la evolución tanto interna como externa del circuito productivo.

En cuanto al 18.8% de la población económicamente activa ocupada que a fines de 2012 desempeñaban sus tareas en el sector público -3.321.5 miles de agentes-, durante la última década registró un muy importante aumento equivalente al 50.2% pues al término de 2002 dicho plantel ascendía sólo a 2.200.0 miles. Dicha suba encuentra su máxima expresión en el conjunto de municipios, con +77.2%; seguidos por las provincias, con un 47.1% y en tercer término, con el índice más moderado del 33.2%, por la Nación.

Pese a ello, según el número de integrantes con que cuentan los respectivos planteles, se ubican en primer término los gobiernos locales de provincias con 1.999.7 miles y tras ellas, con una diferencia mínima, la Nación computando sus empresas registró 673.6 miles y los municipios, donde trabajan otros 648.2 miles. Los datos disponibles no son completos, pero se ha detectado que en la primera de las jurisdicciones citada, se incluyen 331.7 miles sin estar debidamente inscriptos ni haberlos incorporado a ningún régimen previsional y con remuneraciones muy mermadas; falencias éstas que los equiparan a los que permanecen “en negro” dentro del campo privado (3.400.0 miles).

Extendiendo el análisis al largo plazo, surge que en el período comprendido entre 1963 y 1983, el indicador de desocupación fue descendiendo en forma muy notable, pasando de 8.6% a sólo 4.7%; marca ésta que se mantiene como la mejor del último medio siglo. Al finalizar la siguiente (hasta 1993) volvió a elevarse muy notoriamente, llegando a 9.6% en plena vigencia del régimen conocido como “de la convertibilidad”, caracterizado por la privatización masiva de empresas y organismos autárquicos dependientes del Gobierno Nacional.

La posterior cuarta década fue, sin lugar a dudas, las más conflictiva pues en el año 2002 el índice de desocupación alcanzó el nivel mas elevado (24.3%), siendo los más castigados quiénes integraban la franja de los más jóvenes -de 15 hasta 25 años- pues los “parados” más que duplicaban (51.4%) esa dramática marca. A su cierre en 2003 todavía persistían en esa condición un 17.5%, constituyéndose en un relevante exponente de los difíciles momentos que se estaba viviendo.

Los efectos de las sucesivas devaluaciones.

No puede dejar de considerarse que la crisis desatada en 1999 se extendió en forma muy acentuada hasta fines de 2002 e impulsó, una vez más, a reiterar la adopción como supuesto “correctivo” de una de las periódicas macro devaluaciones con que desde 1958 se buscó normalizar en forma drástica e instantánea la situación.  Las mismas siempre, y sin excepciones, han provocado sendas recesiones y consiguientes transferencias de riqueza e ingresos desde el conjunto de la sociedad hacia el sector de titulares ubicados en la cima de la pirámide distributiva.

Esa ineludible consecuencia, además de generar una automática baja en los niveles salariales, impacta debilitando la demanda interna y definiendo un nuevo cuadro que se caracteriza por una mayor concentración en la cúspide. Este escenario no admite en los hechos ser revertida en lapsos breves; requiere para ello apelar a rectificaciones derivadas de una activa política global y también sectorial que priorice la restauración de los índices perdidos por la actividad, al par que influya en las decisiones para hacer lo propio en cuanto a la inversión productiva.

La década mas reciente.

Los primeros nueve años de la década 2003-2012, salvo el año 2009 y el de su termino, se caracterizaron por una intensa y continua recuperación; cuyos ritmos anuales de crecimiento en el producto bruto, al acumularlos implicaron constatar un incremento del 90.4% que no tienen en los 202 años transcurridos de vida independiente antecedente alguno; siquiera aproximado.

Paralelamente, como es lógico, en sentido contrario fue acompañado por un descenso en los indicadores referidos a desocupación; llegando la identificada como “abierta” a ubicarse en un 7.2% e incluso, en el respectivo mes de diciembre, en un óptimo 6.9%; mientras la “subocupación” (trabajan menos horas de las deseadas entre 1 y 35) a fines de 2012 representaban un 7.4% y en el primer trimestre de 2013 llegaron a un máximo del 8.0%.

Tal como ya se ha mencionado, durante los dos trimestres ya transcurridos de 2013 hubo primero una pequeña suba global (+0.7%) que desapareció en el segundo para retornar a la marca con que se había cerrado el año 2012. Esa suba circunstancial afectó con diversa intensidad a las distintas áreas que componen el país; siendo los indicadores de desocupación más elevados los que corresponden a la Región Pampeana pues pasaron de una media de 7.9 a 8.2%  pese a ser, por lejos, la mas desarrollada

En contraposición, la de Cuyo para similar período de 4.4 bajó a 4.1% y la del Nordeste hizo propio de 7.2 al 6.9%. El cuadro nacional se completa incorporando los datos de la del Noroeste, en donde, en términos relativos, el incremento fue más pronunciado y de la Patagónica en que la desmejora se concretó por involucionar de 6.0 a 6.4%. Es oportuno advertir que el índice medio de “ocupación” se mantuvo en el 42.2% de la PEA sin que tampoco haya habido cambios en el Conurbano porteño y en la NEA; mientras descendieron levemente en la CABA, junto con las Pampeana y Patagónica pero hubo una minúscula mejora en Cuyo.

Al desagregar en espacios mas reducidos se advierte que la situación más comprometida correspondió al Gran Córdoba, donde los “parados” pasaron del 9.4 al 10.8%, seguida por el Gran Paraná de 8.5 a 10.6%. En sentido inverso, en el Gran Rosario descendió del 9.8 al 8.6% y en la Gran Mendoza se verificó la performance mas favorable, al bajar del 4.7 a sólo el 3.7%. Estos coeficientes incluyen a los que en dicha condición se calculan como integrando el colectivo de los que laboran “en negro”.

Debe tenerse muy presente que, alrededor de 4.5 millones sufren esa postergación; de los cuales 40.4% son hombres y 34.8% mujeres. En los últimos tres años hubo cierta oscilación dado que en 2010 llegaban al 37.8% de la nómina total; en 2011 se redujeron algo pues representaban el 36.1% pero en 2012 volvieron a ascender al 37.2%. No obstante que el PBI subió muy poco (+2.8%), en el primer trimestre del año actual se ha estimado que los que están en esa condición equivalían al 34.0% pero es inaceptable que la tendencia a optar por esa modalidad se funde en una mayor incorporación a los planteles estatales. Se advierte, como el aspecto más criticable, que de esa forma se toma mucho personal imponiendo la firma de contratos de corto plazo que, obviamente, consagran esa obligada precarización

Si se opta por desagregarlos queda en evidencia que en 12 jurisdicciones locales superan el 40.0%; presentando Chaco el caso mas extremo, con 51.9%; seguido por Corrientes (47.2%), Santiago del Estero (47.1%) y cerrando este grupo San Luis (41.0%) pero debe advertirse que Córdoba está en 10º lugar con 42.1%. A continuación aparecen  exhibiendo índices por debajo de aquellos y hasta 30.0% otras 6 jurisdicciones, que en un extremo presentan a Entre Ríos (38.1%) y Buenos Aires (37.4%), cerrándolo Santa Fé (36.3%). Las restantes 6 provincias con los mejores indicadores van desde La Pampa (29.2%) hasta las que pueden considerar relativamente óptimas de Santa Cruz (16.0%) y Tierra del Fuego (12.8%). Dentro de este grupo está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 24.1%.

Cabe advertir que los datos aportados también son promedios y que en el interior de cada provincia, crecen muy considerablemente A guisa de ejemplo se puede mencionar que en Chaco, en la mayoría de lugares del interior, asciende a bastante más del 60.0%. Otro factor gravitante a tener presente se refiere a la proporción que se desempeña en el sector público siendo Santa Cruz el caso mas ejemplarizador pues allí el 48.0% del total son agentes estatales.

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE-UNC

Viernes 13 de setiembre de 2013. Comercio y Justicia

 
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