La Provincia informa parcialmente sobre el segundo trimestre PDF Imprimir Correo electrónico
Comercio y Justicia
Escrito por Salvador Treber   
Viernes 07 de Octubre de 2011 00:00

Convirtiendo en habitual la propensión oficial a no exponer en forma integral la verdadera realidad de sus cuentas fiscales, con bastante retraso, se han conocido las del período abril-junio.

La rendición de cuentas acumulada de los dos primeros trimestres del corriente año exhibe un ingreso de recursos corrientes que llegó a $ 9.724.6 millones, mientras que los gastos pagados en el mismo lapso sumaron $ 8.756.6 millones; razón por la cual, el ahorro corriente fue de $ 968.0 millones. Con respecto a los movimientos en las cuentas de capital registran sólo $ 405.3 millones de nuevos fondos y cancelaciones de compromisos por $ 877.7 millones; generando un saldo negativo de $ 472.4 millones. Por lo tanto, surge de tales rubros un resultado positivo de $ 495.7 millones. Deduciendo de este importe los servicios de la deuda efectivamente pagados se obtiene el cierre financiero final adjudicable al período de $ 230.8 millones. Dado que el presupuesto originario para 2012 preveía en cuanto a este último aspecto lograr $ 141.3 millones a favor, estaría exhibiendo para la primera mitad del año un margen 63.3% mayor al calculado hasta fines de diciembre.
Además de ese importe se dispuso del remanente proveniente de ejercicios anteriores que ascendía a $ 422.2 millones pero paralelamente debieron atender vencimientos en concepto de amortización de deudas por $ 113.1. En consecuencia, de la conjunción de dichos conceptos se arriba a una previsión para el semestre de un saldo final favorable de $ 539.8 millones; que pasó a ser el de apertura del tercer trimestre. Tales relaciones requieren ser analizadas con cierto detenimiento pues, contra lo que pudieran suponer, no corresponden a una situación holgada, sino por el contrario bastante ajustada; la cual requiere introducir modificaciones que se han venido demorando mas de la cuenta; muy especialmente en dotarla de una conducción prudente y cuidadosa que no procure disimular las dificultades futuras. Es importante subrayar al respecto que los gastos tuvieron en su comparación interanual un aumento del 37.8%; superando en términos relativos a la también evolución creciente de los recursos que sólo lo hicieron en un 32.6%.
Análisis desagregado de los ingresos corrientes.
Los mismos ascendieron en el semestre a $ 9.724.6 millones; o sea que llegan al 96.0% de todo lo previsto; representando el 55.4% en función de lo presupuestado para el ejercicio 2011. De ellos, los generados a través de la legislación y administración local han producido $ 4.053.1 millones (41.7%), relación ligeramente superior a la estimada para el año que fuera fijada en un 39.8%. Las transferencias de origen nacional aportaron $ 5.671.5 millones (58.3%) acusando un pequeño desvío a favor.
Dentro de los impuestos provinciales, el sobre los Ingresos Brutos rindió en el lapso enero-junio la suma de $ 2.582.9 millones, que equivale al 77.6% del rubro pero sólo el 43.2% del total al que suponen llegará hasta fines de diciembre. Debe advertirse que esperan, además, que integre en un 80.2% el cálculo preventivo en  dicha materia. Tan exagerada proporción es consecuencia directa de la política implementada en este aspecto, con sesgo muy regresivo que persigue objetivos extra presupuestarios ya que no reparan en que recae sobre el consumo de la población aunque logran que ésta no lo advierta. La referida evolución comienza en 1999 cuando sólo cubría el 55.6%; mientras ahora de cumplirse lo previsto, acentuará su presencia en un 44.2%. Esta opción está urgida por el incremento operado en el  gasto y a que, paralelamente, ha retrocedido a menos de un cuarto de lo que representaba por entonces el impuesto inmobiliario. Este último ha sido sometido a un virtual “congelamiento” que, obviamente, se traduce en una vertical caída tanto en términos relativos como absolutos.
Cabe recordar que la también muy pequeña diferencia en cuanto a lo percibido es posible que se esfume para el segundo semestre, pues su previsión anual figura con una expectativa de que atenderá apenas un 7.4% de los recursos impositivos de administración propia; lo cual resulta bastante probable que se verifique debido a que durante los primeros meses del año siempre logra los más elevadas registros de rendimiento. Prueba de ello es que al término de junio ppdo. tenía cumplido el ingreso del 69.1% y, si bien por entonces implicaba el 9.3% del rendimiento exhibido por el conjunto de impuestos locales, dicho porcentaje está distorsionado por la causa antes referida pero irá descendiendo hasta compatibilizarse con la relación mencionada en carácter de previsión.
Es oportuno recordar que ese tributo, ahora en continuo descenso, será porcentualmente equivalente a un quinto del que aportaba hace una década. Ello se debe a que las valuaciones, de propiedades urbanas pero, muy especialmente, las rurales datan del año 1993, o antes, y no han sido actualizadas. El efecto de tales cambios no es neutro pues es obvio que se ha optado por acentuar la carga sobre los consumidores -70.0% de ellos, asalariados- y liberar en forma casi total a los propietarios; poniendo en vigencia un criterio de clara injusticia social que supo dar ciertos frutos en materia electoral.
La evolución y composición del gasto.
De acuerdo a la clasificación económica del gasto se advierte que en el presupuesto el rubro “Personal” es el mas importante en función de su monto, constituyendo el 45.7% del total. Para el primer semestre se ha afectado $ 5.154.6 millones (58.8%); mientras lo pagado representa el 47.5% del mismo; proporción que se acerca más a la estimación. En cambio, llama la atención que de los “Servicios no Personales” que para todo el año han sido elevados en $ 1.666.0 millones, ya figuran ejecutados por $ 1.290.1 millones (77.5%); lo cual hace suponer que en el segundo semestre deberán ampliar bastante el rubro pues el saldo que resta es muy exiguo.
Los partidas relativas a inversiones están constituidos por “Bienes de Capital” y “Trabajos Públicos” que, en conjunto, registran partidas asignadas por $ 1.705.1 millones que se han comprometido en una baja medida -$ 524.3 millones (30.7%)- pero lo efectivamente pagado llega a sólo $ 356.0 millones (apenas 20.9%). Esta tan baja relación deja en claro que las erogaciones mas flexibles se han disminuido para poder atender a las que no lo son; convirtiéndose así en un indicio de que la Tesorería afronta dificultades y debe seleccionar el destino de sus fondos.
Si se encara el análisis mediante el auxilio de la clasificación funcional, en un plano prevalente se sitúan los “Servicios Sociales” que aparecen con $ 10.080.0 millones en materia de previsiones para el año, de las cuales las afectadas a “Educación y Cultura” aparecen con $ 7.310.3 millones (72.5%); siguiéndole muy por detrás, aunque en segundo término, “Salud” con $ 1.752.4 millones. La respectiva ejecución semestral, en atención a lo comprometido, equivale al 53.9% del total pero lo pagado al 45.6%. Una situación algo menos apremiante se observa en “Servicios Económicos” pues sobre $ 1.529.7 millones presupuestados se han usado $ 852.8 millones (55.8%) y lo cancelado es de $ 503.6 millones (62.9%).
Dado que se inserta con signo negativo, es decir, restados los gastos como “Economías de Gestión” por $ 202 millones sin detalle alguno y otros $ 405.5 millones con la mención “A clasificar”; se advierte que pasados seis meses sigue reinando un cierto grado de improvisación ya que transcurrió el tiempo suficiente como para poder proveer mas precisión sobre estos tan poco claros conceptos. No menos dudas presenta la previsión sobre “Uso del Crédito” por $ 720 millones que se han concretado en la casi nula cifra de $ 7.8 millones (1.1%).
Los problemas que se pretenden ocultar.
Los más apremiantes no afloran explícitamente y ni siquiera están enunciados. No obstante, un análisis muy somero al leer el primer cuadro, ínsito en la foja 14, permite advertir que tales dificultades emergen con nitidez a través del incremento operado en las erogaciones comprometidas. Las que todavía no cuentan con la respectiva orden de pago ascienden a $ 1.013.2 millones y deben sumarse a otros $ 1.571.4 millones que, pese a tener cumplido ese requisito, también permanecían impagas.
Dichos partidas implican, en conjunto, a $ 2.584.6 millones e integran lo que se denomina la “deuda flotante” pero para establecerla en su integridad deben adicionarse varios rubros -que figuran en el cuadro donde se expone la “Situación del Tesoro”- identificados como “Obligaciones de Ejercicios Anteriores” por $ 175.4 millones y “Otros Pasivos” (sin detalle alguno) por $ 636.7 millones; con lo cual el sumatorio ellos trepa a un muy preocupante total de $ 3.396.7 millones que, obviamente, pone en apuros a la Tesorería.
A la constatación de esa realidad se debe agregar el importe al que llega la deuda consolidada y que la rendición siempre “recorta” sistemáticamente, presentando exclusivamente datos de la operativa que corresponde a la Administración Central que consigna con $ 6.621.6 millones. Siguiendo la habitual viciosa modalidad, a través de una nota al pié, se menciona la deuda de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento SEM (ACIF) con $ 4.197.6 millones; haciendo presumir que la total consolidada sería de $ 10.819.2 millones. En realidad, tal cosa no se ajusta estrictamente a la realidad pues se omiten computar los pasivos de las siete restantes Agencias y de los cuatro Organismos Descentralizados que integran el sector gubernamental provincial. Este “olvido” implica ignorar nada menos que $3.418.7 millones que deben ser incluidos junto con la que la Provincia tiene con su Banco que es de $ 740 millones; para de esta forma llegar a $ 14.917.9 millones. Si se toman en cuenta las diferencias que en más figuran -seguramente por el cálculo de intereses- en los registros respectivos de la Dirección de Provincias de la Nación que llegan a $ 1.376.0 millones (hasta un año atrás); debe concluirse que, en definitiva, es de $ 16.353.9 millones.
Dado que la “deuda flotante” al 30 de junio ppdo. fue de $ 3.396.7 millones; surge que por todo concepto llega a $ 19.750.6 millones. Según se consigna en la foja 4 de la rendición, los gastos previstos se restan $ 202 millones de supuestas “economías” a realizar que figuran sin ningún detalle. De esta forma se consigna que el total general de erogaciones será de $ 18.803,5 millones; cifra ésta que resulta un 5.0% ($ 947.1 millones) menor que la deuda total antes mencionada. Atenderla será una tarea difícil y lo que reciba la nueva administración una severa carga. Más aún si como se anuncia se preparan para tomar otros 200 millones de dólares...

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE-UNC
Viernes 07 de octubre de 2011. Comercio y Justicia

 
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